El bum urbanístico de Barreiros sigue depurándose en los tribunales. A las querellas presentadas por promotores reclamando una compensación económica a la Xunta de Galicia se suma el juicio pendiente al alcalde, Alfonso Fuente, a la arquitecta municipal y a los ediles que formaban la junta de gobierno local en el año 2006 en Barreiros, que autorizó 45 licencias de obras para construir miles de viviendas. Con la intervención de la Xunta y, después, con la crisis del ladrillo, muchos de esos proyectos no llegaron a iniciarse, pero el alcalde, concejales, exconcejales y la arquitecta municipal se sentarán en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo en febrero para responder por ello. La vista ya ha sido fijada, los días 19, 21, 26 y 28 de febrero, y comunicada a las partes.

La fiscalía pide para el alcalde, Alfonso Fuente, para el actual primer teniente de alcalde, José Manuel Gómez Puente, para los exediles María Alina Rodríguez y Eulogio Menéndez López, y para la arquitecta municipal, Marta Geada, penas de dos años de cárcel y diez de inhabilitación por prevaricación urbanística en la concesión de 45 licencias de obra. Con ellos se sentarán en el banquillo el actual concejal delegado de Obras, Lorenzo Penabad Bolaño, y el exedil José Rojo Blanco, para quienes la acusación pública pide seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación.

La causa fue archivada en 2012, en primera instancia, pero después fue reabierta por la Audiencia tras el recurso de la fiscalía.

Largo proceso

Se aboca así el fin de un largo proceso: «Vamos con la convicción y con la tranquilidad de ser inocentes y, por lo tanto, vamos a tratar de poner fin a esta situación que se ha prolongado durante excesivos años», manifestó el abogado Luis Rego, que defiende al alcalde y a José Manuel Gómez Puente, a María Alina Rodríguez, a Eulogio Menéndez y a Lorenzo Penabad.

Como consecuencia de este proceso, cuando en noviembre de 2015 el juzgado de Mondoñedo decretó la apertura del juicio oral, ahora fijado para febrero de 2018, Alfonso Fuente, José Manuel Gómez y Lorenzo Penabad, causaron baja en el Partido Popular. Pero ello no afectó a la gobernabilidad del Concello de Barreiros.

Siguen, pues, los coletazos del urbanismo de Barreiros. Alcanzarán, por ejemplo, a Eulogio Menéndez, que dejó la política en 2007, tras dos décadas como concejal en Barreiros. Más caprichosa es la situación de Lorenzo Penabad y de José Rojo, para quienes la fiscalía pide penas menores, de seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación. Ambos ingresaron en la Junta de Gobierno local en 2007. Rojo, tras ser concejal y cabeza de lista con el PSOE, volvía a la política con el PP, como delegado de Economía y miembro de la comisión de gobierno que concedió una licencia por silencio administrativo. Pero hubo un error en el cálculo que reconoció y asumió la secretaria municipal, de modo que en una comisión de gobierno posterior la licencia fue anulada. Así, José Rojo y Lorenzo Penabad votaron primero a favor de dar la licencia y posteriormente a favor de anularla, siguiendo los informes técnicos. Por ese caso para ellos la fiscalía pide seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación. Rojo, que dejaría la política en 2012, reconocía en 2015 a La Voz, que al saber de la imputación se quedó «pasmado».

«Votamos o que nos indicaron os técnicos. Despois a secretaria recoñece no xulgado que foi por un erro dela, polo que despois anulamos a licenza, e con todo impútanos igual… non entendo nada», declaró entonces a La Voz de Galicia.

La Audiencia Provincial de Lugo ha confirmado el sobreseimiento de la demanda presentada contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la selección del personal que se encargó de vigilar las playas el año pasado. Un exsocorrista y la fiscal presentó un recurso contra la decisión del Juzgado de Mondoñedo de archivar la causa en el proceso de diligencias previas, y finalmente, la Audiencia Provincial lo ha confirmado.

Considera la Audiencia que en la instrucción de la causa no se han detectado indicios de un supuesto delito de prevaricación administrativa, ya que no se derivó, ni siquiera indiciariamente, que Alfonso Fuente (la única persona que declaró a lo largo de la instrucción como investigado, defendido por Luis Rego), tuviera otra actuación en la contratación de socorristas que no fuera la firma de la resolución con la que se realizaba la contratación.

En los razonamientos jurídicos del fallo de los magistrados de la Audiencia Provincial se indica que no se cumplen los «requisitos exigidos por el artículo 404 del Código Penal para la aparición de la figura de la prevaricación, que exige el conocimiento (a sabiendas) específico de la injusticia de la resolución, elemento que debe quedar plenamente acreditado, no siendo siquiera, suficiente, las meras contradicciones jurídicas, como viene establecimiento la Jurisprudencia».