La Fiscalía de Lugo ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra la sentencia absolutoria dictada por el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo favorable al alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, y otros cinco concejales que formaban la junta de Gobierno Local en 2006 y a la entonces arquitecta municipal, por un caso de delito de prevaricación urbanística del que estaban acusados por la concesión, durante ese año, de 44 licencias para construir casi 3.500 viviendas.

El Ministerio Público, según informa en un comunicado remitido este viernes, sostiene que “no se han valorado adecuadamente las pruebas no se han valorado adecuadamente las pruebas practicadas, especialmente los informes favorables de los proyectos firmados por la arquitecta municipal, también procesada, que constituyen una base fundamental de la acusación”.

Asimismo, asegura que en el fallo “se omite la valoración de servicios y situación del suelo” en el municipio de la Mariña lucense en el momento de la concesión de las licencias, por lo que reclama la nulidad de la sentencia.

SENTENCIA. La sentencia, absuelve a Fuente Parga, los cinco ediles y la entonces arquitecta municipal del delito de prevaricación urbanística del que estaban acusados porque el juez entiende que existen “ciertas dudas” sobre si la actuación de los sospechosos fue “totalmente legal o ajustada a la legislación vigente”.

En este sentido, el magistrado subraya en su fallo que no ha quedado acreditado que estuviese “desprovista de toda interpretación razonable del ordenamiento jurídico aplicable a la materia sobre edificación y planeamiento existentes en el Ayuntamiento de Barreiros”.

Asimismo, la sentencia señala que la actuación de los imputados tenía “cierta apoyatura legal” ya que “cabía entender la posibilidad de encontrarse ante suelo consolidado” debido a la existencia de “redes de servicios y suministros en las parcelas, de modo que pudieran adquirir la condición de solares con obras accesorias”.

Además, el juez sostiene que de la prueba practicada no se ha probado “con una claridad meridiana” que los acusados actuasen “a sabiendas de la injusticia que cometían a la hora de aprobar las licencias”.

Así, destaca que se encontraban ante “informes técnicos favorables en todos los casos y jurídicos favorables o confusos, salvo en un par de casos que eran claramente desfavorables, o sin informe jurídico”.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo dictó el viernes sentencia firme absolutoria sobre un recurso de apelación presentado por la fiscalía y Adega contra la sentencia dictada el pasado 8 de febrero por el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital lucense, por la que se absolvió al exalcalde de Barreiros, el popular Alfonso Fuente, a cinco de sus ediles y a la arquitecta municipal de un delito de prevaricación urbanística, por la concesión, en 2006, de 40 licencias con las que se preveía la construcción de 3.000 viviendas en el concello mariñano.

En el dictamen final, uno de los tres magistrados que instruyó el recurso de apelación se mostró en contra de la sentencia final absolutoria, sobre la que no cabe casación. Así las cosas, el ministerio fiscal sostenía, al igual que Adega -que se presentó como acusación particular y que también había recurrido-, que “no se han valorado adecuadamente las pruebas practicadas”

Uno de los acusados, Alfonso Fuente, mostraba el viernes su satisfacción tras conocerse la sentencia. “Estoy aliviado, y alegre porque desde el principio sabíamos, tanto el equipo de gobierno como yo, que habíamos hecho las cosas bien. Todas nuestras decisiones estaban basadas en los informes de los técnicos del ayuntamiento”, reconoce el ex regidor barreirense y ahora en la oposición.

El Concello de Barreiros tendrá que pagar 110.699 euros a los miembros del gobierno municipal de Alfonso Fuente que fueron acusados por la Fiscalía y Adega de prevaricar en la concesión de 44 licencias urbanísticas y luego salieron absueltos. Ese dinero corresponde a las cuotas de su abogado por su defensa jurídica, que tendrán que asumir ahora las arcas municipales. El dinero lo cobrará el exalcalde Alfonso Fuente que luego lo repartirá entre los otros ediles, José Manuel Gómez Puente, Lorenzo Penabad, Alina Fernández y Eulogio Menéndez.

Para aligerar los pagos, la secretaría municipal organizó un plan de pagos por el que primero se pagarán a Alfonso Fuente 47.699 euros y, posteriormente, 7.000 euros al mes durante nueve meses.

A este dinero se suman 85.031 euros que cobrará la arquitecta municipal, también acusada entonces y absuelta al igual que los concejales. En su caso se le pagarán 40.031 euros ahora y 5.000 euros mensualmente hasta fin de año.

En su caso, arrastra además una serie de pagos anteriores que arrancan ya en 2013 y que también se le abonarán ahora. En total, suman 212.633 euros que la alcaldesa lamentó tener que asumir porque implican un desembolso muy importante para el Ayuntamiento. En la votación de este punto el ahora portavoz del PP de Barreiros, José Manuel Gómez Puente, defendió que se trata solo de gastos que tuvieron que afrontar derivadas de “acusacións inxustas” de las que luego fueron declarados inocentes, a lo que la alcaldesa, Ana Ermida, le matizó que habían sido absueltos “que non é o mesmo”.

Gómez Puente también lamentó que no se les hubiese pedido disculpas por las acusaciones desde julio de 2019 en que se conoció que la sentencia era firme y criticó que no se les hubiese pagado con anterioridad, lo que obliga al Ayuntamiento a hacerse cargo también de los intereses y consideró que haber demorado tanto el pago había sido una mala gestión del gobierno local.

La alcaldesa de Barreiros, la nacionalista Ana Ermida, se mostró muy disgustada con la intervención de Gómez Puente y con el hecho en sí de que haya que abonar estos gastos de representación jurídica a los miembros del PP. Recordó que como representantes municipales no podían pagar hasta que la sentencia fuese firme “porque estamos aquí para defender os intereses dos veciños” y dijo que aunque hacer estos pagos sea legal “éticamente isto é indecente” refiriéndose a que cobren este dinero por una acusación de prevaricación.

Dudas de la sentencia
Ermida también le recordó a Gómez Puente que el capítulo quince de la sentencia “pregúntase se a súa actuación se axustou á legalidade. Se o fan os xuíces, imaxínese entón os veciños”.