El Concello de Barreiros tendrá que pagar 110.699 euros a los miembros del gobierno municipal de Alfonso Fuente que fueron acusados por la Fiscalía y Adega de prevaricar en la concesión de 44 licencias urbanísticas y luego salieron absueltos. Ese dinero corresponde a las cuotas de su abogado por su defensa jurídica, que tendrán que asumir ahora las arcas municipales. El dinero lo cobrará el exalcalde Alfonso Fuente que luego lo repartirá entre los otros ediles, José Manuel Gómez Puente, Lorenzo Penabad, Alina Fernández y Eulogio Menéndez.

Para aligerar los pagos, la secretaría municipal organizó un plan de pagos por el que primero se pagarán a Alfonso Fuente 47.699 euros y, posteriormente, 7.000 euros al mes durante nueve meses.

A este dinero se suman 85.031 euros que cobrará la arquitecta municipal, también acusada entonces y absuelta al igual que los concejales. En su caso se le pagarán 40.031 euros ahora y 5.000 euros mensualmente hasta fin de año.

En su caso, arrastra además una serie de pagos anteriores que arrancan ya en 2013 y que también se le abonarán ahora. En total, suman 212.633 euros que la alcaldesa lamentó tener que asumir porque implican un desembolso muy importante para el Ayuntamiento. En la votación de este punto el ahora portavoz del PP de Barreiros, José Manuel Gómez Puente, defendió que se trata solo de gastos que tuvieron que afrontar derivadas de “acusacións inxustas” de las que luego fueron declarados inocentes, a lo que la alcaldesa, Ana Ermida, le matizó que habían sido absueltos “que non é o mesmo”.

Gómez Puente también lamentó que no se les hubiese pedido disculpas por las acusaciones desde julio de 2019 en que se conoció que la sentencia era firme y criticó que no se les hubiese pagado con anterioridad, lo que obliga al Ayuntamiento a hacerse cargo también de los intereses y consideró que haber demorado tanto el pago había sido una mala gestión del gobierno local.

La alcaldesa de Barreiros, la nacionalista Ana Ermida, se mostró muy disgustada con la intervención de Gómez Puente y con el hecho en sí de que haya que abonar estos gastos de representación jurídica a los miembros del PP. Recordó que como representantes municipales no podían pagar hasta que la sentencia fuese firme “porque estamos aquí para defender os intereses dos veciños” y dijo que aunque hacer estos pagos sea legal “éticamente isto é indecente” refiriéndose a que cobren este dinero por una acusación de prevaricación.

Dudas de la sentencia
Ermida también le recordó a Gómez Puente que el capítulo quince de la sentencia “pregúntase se a súa actuación se axustou á legalidade. Se o fan os xuíces, imaxínese entón os veciños”.