27 de marzo de 2015. Actualizado a las 05:00 h. 0

Después de años de indefensión jurídica y de sufrir el fuerte azote de la crisis y de la dura intervención urbanística de Barreiros, hemos podido iniciar la reclamación de los daños y perjuicios causados.

Desde un primer momento hemos defendido la postura de que la intervención urbanística en Barreiros y la suspensión de las normas subsidiarias, llevada a cabo por el bipartito, era ilegal, que creaba una gran indefensión jurídica y que era un grave ataque a los intereses profesionales de muchos empresarios y a los puestos de trabajo que muchos obreros perdieron.

Sería difícil cuantificar los daños causados al sector de la promoción inmobiliaria. Pero es mas sencillo cuantificar el creado a las empresas promotoras que han visto vulnerados sus derechos y sus intereses en Barreiros.

Coordinadas con la Asociación de Promotores de Barreiros se han presentado 23 reclamaciones patrimoniales y la cifra total de las reclamaciones rondaría los 100 millones de euros. Que sumados a las restantes reclamaciones ya presentadas hace una suma considerable y que merece un mínimo de atención por parte de las administraciones y de los grupos políticos.

Estos últimos no dudan en adoptar medidas, probablemente ilegales o para decirlo mas suavemente que no se ajustan a la ley, con tal de conseguir fines mediáticos. Han decido paralizar la actividad de un sector en un municipio, habiendo permitido la continuidad de la actividad en el resto de Galicia. No voy a entrar en colores políticos porque eso ya está más que hablado y demostrado. Lo que también está más que demostrado es que al final la intervención de las normas subsidiarias no se ajusta a la LEY y por lo tanto que es nula. Debemos de agradecer la persistencia de un grupo de empresarios que lucharon hasta conseguir el fallo del Tribunal Supremo y que ha confirmado nuestras inquietudes legales. Lo que esto quiere decir es que se vuelve al estado urbanístico del año 2007.

Posibles demandas a excargos públicos

Desde la asociación consideramos injusto que en el caso de la justicia fallase a favor de las empresas promotoras, las responsabilidades serían asumidas única y exclusivamente por la administración y pagadas con los impuestos de todos los ciudadanos, con todo lo que eso puede conllevar. Ahora bien después de haber presentado estas reclamaciones los asesores jurídicos valorarán la posibilidad de iniciar paralelamente las posibles medidas legales en contra de los agentes intervinientes en este proceso.

Nos encontramos con la paradoja de que las voces que en su momento criticaban el urbanismo de Barreiros y solicitaban con furor la paralización de las obras, ahora son críticos con el estado de las muchas obras paralizadas y el feísmo que generan. Pero algunos de ellos no han dudado en tener una doble moral en todo esto y mientras se lucraban de la venta de los terrenos que a la hora de la venta eran urbanos y momentos después de enriquecer sus bolsillos, no dudaron en solicitar la paralización de las obras y la intervención del urbanismo municipal, probablemente privando a muchos de sus vecinos de poder completar sus transacciones o de poder tan siquiera en soñar con una venta millonaria a «Florentino». Esta doble moral es tan significativa, que mas de un personaje relacionado con el bipartito, no han dudado en hacer obras en sus propiedades, ni tan siquiera contando con una autorización municipal o al menos cumpliendo la ley que tanto exigían y proclamaban para otros pero que para ellos parece no existir o a lo mejor en estos casos no corresponde de aplicación porque es para su interés privado y no para el de otros.

Lo que sí volvemos a ver cada día mas a menudo es el interés que demuestran los clientes de toda España, por el litoral de la costa de Lugo. Con ello se demuestra una vez mas que es un entorno incomparable y que poco a poco se está recuperando el ritmo de ventas, eso sí, a precios muy inferiores de lo que estaban en el momento que realizamos nuestras inversiones, demostrando así entre otros factores que realmente el habernos impedido continuar con las obras en el año 2007, nos ha generado unas pérdidas económicas muy elevadas.

En nuestras reclamaciones no solo hablamos de lucro y beneficios, hablamos también de costes directos que nos supuso la paralización y que tanto en intereses como en gastos, como en indemnizaciones, ha sido muy elevado. También debemos de tener en cuenta que la intervención del bipartito en Barreiros, fue dos años antes del inicio de la crisis inmobiliaria, que según los datos oficiales fueron los años con mayor número de transacciones inmobiliarias en España. Aquí la crisis no ha tenido nada que ver.

Las estimaciones iniciales del importe de las reclamaciones, que valorábamos inicialmente en unos 300 millones de euros no estaban tan desencaminadas, pues en este período se han quedado muchas empresas por el camino que actualmente no pueden afrontar los gastos necesarios para efectuar sus reclamaciones. Pero insistimos desde Aprobar en que los daños y los perjuicios causados, aunque no se reclame el total, superarán con creces los 300 millones de euros. Inversiones perdidas, dinero que no se quedó en Galicia ni en A Mariña, dinero que probablemente fue devorado por las entidades financieras.

 

Las consecuencias de la parálisis del urbanismo en el municipio lucense se depuran ahora, ocho años después, en los despachos

JOSÉ ALONSO barreiros / la voz, 26 de marzo de 2015. Actualizado a las 05:00 h. 0

Las consecuencias de la parálisis del urbanismo en el municipio lucense de Barreiros en el año 2007, con la intervención del gobierno bipartito de la Xunta (PSOE-BNG), suspendiendo las normas que había entonces e imponiendo otras mucho más restrictivas, se depuran ahora, ocho años después, en los despachos. Y no sería extraño que parte de ellas acabasen en los tribunales. El año pasado el Supremo aceptó el recurso de un promotor, Pasillo Verde, y al declarar nulas las normas impuestas por el bipartito abrió la puerta a la petición de indemnizaciones por las promociones que se paralizaron. Si hace unos días la Xunta reconocía que había recibido ocho por un montante total de unos 40 millones de euros, el martes se sumaron otras 23 reclamaciones de responsabilidad patrimonial, por un importe total de unos cien millones más. En total, 140 millones.

Estas parecen ser las cifras definitivas, después de que cuando se conoció el fallo del Supremo los promotores apuntasen que las indemnizaciones que pedirían podrían ascender a unos 300 millones de euros.

Hace unos días, desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio eInfraestruturas se señalaba: «O Executivo autonómico defenderá do mellor xeito posible o interese das arcas públicas e, polo tanto, o de todos os galegos», y recordaba que los promotores o quien actúe para reclamar indemnizaciones por el lucro cesante, «terá que ser capaz de demostrar que deixaron de gañar diñeiro polas vivendas que non construíron e non venderon en plena crise do sector inmobiliario».

Los que presentaron las primeras demandas ya han recibido notificaciones de la consellería informándoles de que han sido recibidas y estipulando un plazo de cinco meses para resolver. En las misivas, firmadas por Encarnación Rivas, secretaria xeral de Urbanismo, se indica que este departamento «realizará os actos de instrución necesarios para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos sobre os que debe pronunciarse a resolución ou, no seu caso, o acordo indemnizatorio que poña fin ao expediente».

Casi todos los promotores están abiertos a negociar una compensación a la baja, pero también hay quienes, considerando improbable obtener una indemnización, se muestran dispuestos a litigar hasta las últimas consecuencias. Es el caso de este último grupo de 23 reclamaciones presentadas el martes, que se coordinaron desde la Asociación de Promotores de Barreiros y que, según las fuentes consultadas, corresponden a siete u ocho empresas.