Suspendido el juicio vinculado al urbanismo de Barreiros para analizar varios tecnicismos
SOBORNO CORRUPCIÓN URBANÍSTICA BARREIROS
Sesión del juicio. EP
Se reanudará los días 29, 30 y 31 de marzo
El juicio que este martes estaba previsto que diese carpetazo a uno de los últimos coletazos abiertos a raíz del boom urbanístico vivido en Barreiros en 2006 tendrá que seguir esperando. Aunque llevaba ya diez años aguardando, en la primera sesión la Audiencia Provincial de Lugo optó por suspenderlo y reanudarlo los días 29, 30 y 31 de marzo.
La razón es que será necesario que los jueces evalúen la legalidad de las grabaciones en las que el constructor Xabier Díaz basó su acusación de presunto soborno a la anterior secretaria municipal, María Antonia Martínez, por parte del promotor Juan Carlos Sobral.
Asimismo, Xabier Díaz tendrá que aportar una fianza si quiere presentarse como acusación particular, tanto él como la empresa Promoelja, de su propiedad, y que también figura como parte acusadora.
También se evaluará si el Concello de Barreiros puede ser acusación particular, dado que el anterior alcalde, Alfonso Fuente Parga, se decidió a acusar al constructor Juan Carlos Sobral por el supuesto soborno y, además, como perjudicado por una supuesta manipulación y alteración del libro-registro del Ayuntamiento de Barreiros para poder dar validez así a la construcción de una promoción de 51 viviendas. De ello figuraba como acusada la funcionaria Ramona Rodríguez Pérez.
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El juicio, aunque esperado, perdió gran parte de su sentido por el tiempo transcurrido, ya que ahora ni Fuente Parga es alcalde, ni María Antonia Martínez es secretaria en Barreiros ni se llegó a construir la urbanización por la que en teoría se hicieron las modificaciones que se iban a juzgar.
Aún será necesario aguardar, como mínimo, otras tres semanas más para ver qué sucede.
La Audiencia de Lugo acogerá desde este lunes el juicio contra una auxiliar administrativo del Concello de Barreiros por presuntamente modificar la solicitud de una licencia en beneficio de una conocida. La Fiscalía demanda para ella tres años de cárcel por delito de falsedad en documento público, multa de nueve meses con cuota diaria de 10 euros, responsabilidad personal en caso de impago y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en cualquier administración.
El fiscal reclama también que se sobresea la causa respecto a otras dos personas, la vecina beneficiada y otro investigado, al considerar que no existen indicios suficientes de su participación en los hechos ocurridos en el año 2006. En junio de ese ejercicio la funcionaria se encargaba de las solicitudes de licencia, anotando en el registro del Ayuntamiento las mismas.
Una conocida de la acusada presentó el 22 de junio de ese año una solicitud. Después de esa fecha, la auxiliar realizó de su puño y letra añadidos a la solicitud inicial con ánimo de beneficiar a la vecina, según el escrito del ministerio fiscal, que indica que esto atenta contra la seguridad jurídica en la actuación de la Administración pública.