El Ayuntamiento gana los dos primeros pleitos; en liza hay unos 700.000 euros

JOSÉ ALONSO 04 de junio de 2015

El Concello de Barreiros, defendido por el letrado Luis Rego Valcarce, ha dado un paso de gigante para poder disponer de los 700.000 euros que están en disputa por avales que en el año 2006 presentaron varios constructores para sufragar la parte proporcional que les correspondía en la renovación de la red de agua, que entonces se estimaba en un coste total de 3.541.095 euros. Las obras se retrasaron tras la intervención de la Xunta en el urbanismo de Barreiros y con los años buena parte de esas empresas de construcción desaparecieron. Cuando el Concello quiso ejecutar los avales se encontró con que las entidades bancarias que respondían por los promotores no querían pagar. El Ayuntamiento, pese a todo, ejecutó los avales y varios bancos recurrieron. El Contencioso Administrativo número uno de Lugo acaba de desestimar los dos primeros de estos recursos, de NCG, contra la ejecución de sendos avales en el año 2013 por una cuantía total de casi 220.000 euros.

La sentencia no es firme, y se puede recurrir, pero sienta un precedente muy positivo para los intereses del Concello.

El letrado de NCG Banco argumentó, entre otros aspectos, que las obligaciones del convenio del agua firmado por los constructores y el Ayuntamiento de Barreiros en el año 2006 estaba motivado por la posibilidad de ejecutar varias promociones inmobiliarias, algo que finalmente no se concretó por la suspensión o anulación por parte de la Xunta de una gran parte de las licencias. También argumentó que según el convenio debía ser la Xunta y no el Concello de Barreiros quien licitase las obras.

Por su parte, Luis Rego, defendió la resolución recurrida por el cumplimiento del convenio del 2006 por parte del Ayuntamiento y el incumplimiento de los empresarios, y por la inexistencia de un cambio en las circunstancias de aplicación del convenio.

Finalmente, el Contencioso dio la razón al Concello al considerar acreditado que cumplió con sus obligaciones respecto al convenio del agua, al aprobar definitivamente el proyecto en el año 2007, un tiempo «muy razonable», mientras que los promotores no efectuaron los ingresos de las cantidades a las que estaban obligados. Además, sostiene que el convenio sigue vigente y que el Ayuntamiento pretende ejecutarlo en su integridad.