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Un juicio condiciona el futuro del alcalde y del PP de Barreiros

Un juicio condiciona el futuro del alcalde y del PP de Barreiros

La lista electoral dependerá de la vista que se celebrará en noviembre, con dos ediles en ejercicio también imputados

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CARLOS CASTRO
JOSÉ ALONSO 
BARREIROS / LA VOZ 

El pasado mes de febrero, la huelga de funcionarios de la justicia provocó la suspensión en el Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo del juicio contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, la arquitecta municipal y la junta de gobierno que en el año 2006 autorizó 45 licencias de obra para construir 3.000 pisos, varias piscinas y una zona de juegos. Acusados de delitos de prevaricación urbanística, se piden para ellos penas que van de seis a dos años de prisión.

La vista se pospuso hasta el mes de noviembre. Y de ella dependerá el futuro político inmediato no solo del regidor, sino también del Partido Popular de Barreiros, porque en el banquillo se sentarán dos concejales del gobierno municipal, José Manuel Gómez Puente, delegado de Sanidad y Medio Ambiente, y Lorenzo Penabad, delegado de Obras y Servicios.

La lista del Partido Popular de Barreiros no se conocerá hasta que se sepa el fallo. Lo normal sería que fuese en uno o a lo sumo dos meses de la celebración del juicio. De ser así, estaríamos hablando de diciembre o enero de 2019, con tiempo suficiente para que el PP de Barreiros aprobase la lista con la que concurrirá a las elecciones de mayo, que podría liderar de nuevo Alfonso Fuente de resultar absuelto, e incluir también al resto de imputados. De retrasarse el fallo la situación se complicaría, pues el código ético del Partido Popular es claro e impide tener candidatos imputados con juicios abiertos.

A finales del año 2015, cuando se conoció la apertura de juicio oral por el caso de las licencias, tanto Alfonso Fuente como José Manuel Gómez Puente y Lorenzo Penabad se dieron baja como militantes en el partido. Pero en la actualidad, todos ellos siguen figurando en la web del Concello como miembros del grupo del PP, que cuenta con mayoría absoluta en Barreiros con seis actas, por cuatro del BNG y una del PSOE.

Alfonso Fuente confía en que los tiempos resulten suficientes, lo que le daría margen para poder volver a presentarse: «O PP ten moitos candidatos que son independentes. Non faría falta que fose militante. Un pode presentarse a un cargo sen ser afiliado e por iso o xuízo do urbanismo penso que non condiciona o meu futuro na política», apuntó.

En todo caso, puntualizó que las decisiones en el PP de Barreiros ya no son cosa suya: «Non son afiliado e non tomo decisións. Non sei se vou seguir ou non como candidato, pero o xuízo legalmente non me condiciona», manifestó.

Pero el código ético del PP sí, que en su apartado 1. a, dice que los cargos públicos del partido deberán abstenerse «de cualquier conducta que, aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen».

Además, en un apartado dedicado a la transparencia y la regeneración, explicita que el PP «se compromete a que ninguno de sus candidatos esté siendo juzgado penalmente por delitos asociados a la corrupción y contra el que se haya dictado ya auto de apertura de juicio oral».

Así pues, el resultado del juicio será determinante.

El código ético del PP les impediría ser candidatos si son condenados o el juicio se prolonga

El alcalde de Barreiros será juzgado en febrero por la concesión de 45 licencias

El alcalde de Barreiros será juzgado en febrero por la concesión de 45 licencias

El fiscal pide dos años de prisión para el regidor, dos ediles, exconcejales y la arquitecta

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XAIME RAMALLAL
BARREIROS / LA VOZ 

El bum urbanístico de Barreiros sigue depurándose en los tribunales. A las querellas presentadas por promotores reclamando una compensación económica a la Xunta de Galicia se suma el juicio pendiente al alcalde, Alfonso Fuente, a la arquitecta municipal y a los ediles que formaban la junta de gobierno local en el año 2006 en Barreiros, que autorizó 45 licencias de obras para construir miles de viviendas. Con la intervención de la Xunta y, después, con la crisis del ladrillo, muchos de esos proyectos no llegaron a iniciarse, pero el alcalde, concejales, exconcejales y la arquitecta municipal se sentarán en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo en febrero para responder por ello. La vista ya ha sido fijada, los días 19, 21, 26 y 28 de febrero, y comunicada a las partes.

La fiscalía pide para el alcalde, Alfonso Fuente, para el actual primer teniente de alcalde, José Manuel Gómez Puente, para los exediles María Alina Rodríguez y Eulogio Menéndez López, y para la arquitecta municipal, Marta Geada, penas de dos años de cárcel y diez de inhabilitación por prevaricación urbanística en la concesión de 45 licencias de obra. Con ellos se sentarán en el banquillo el actual concejal delegado de Obras, Lorenzo Penabad Bolaño, y el exedil José Rojo Blanco, para quienes la acusación pública pide seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación.

La causa fue archivada en 2012, en primera instancia, pero después fue reabierta por la Audiencia tras el recurso de la fiscalía.

Largo proceso

Se aboca así el fin de un largo proceso: «Vamos con la convicción y con la tranquilidad de ser inocentes y, por lo tanto, vamos a tratar de poner fin a esta situación que se ha prolongado durante excesivos años», manifestó el abogado Luis Rego, que defiende al alcalde y a José Manuel Gómez Puente, a María Alina Rodríguez, a Eulogio Menéndez y a Lorenzo Penabad.

Como consecuencia de este proceso, cuando en noviembre de 2015 el juzgado de Mondoñedo decretó la apertura del juicio oral, ahora fijado para febrero de 2018, Alfonso Fuente, José Manuel Gómez y Lorenzo Penabad, causaron baja en el Partido Popular. Pero ello no afectó a la gobernabilidad del Concello de Barreiros.

Siguen, pues, los coletazos del urbanismo de Barreiros. Alcanzarán, por ejemplo, a Eulogio Menéndez, que dejó la política en 2007, tras dos décadas como concejal en Barreiros. Más caprichosa es la situación de Lorenzo Penabad y de José Rojo, para quienes la fiscalía pide penas menores, de seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación. Ambos ingresaron en la Junta de Gobierno local en 2007. Rojo, tras ser concejal y cabeza de lista con el PSOE, volvía a la política con el PP, como delegado de Economía y miembro de la comisión de gobierno que concedió una licencia por silencio administrativo. Pero hubo un error en el cálculo que reconoció y asumió la secretaria municipal, de modo que en una comisión de gobierno posterior la licencia fue anulada. Así, José Rojo y Lorenzo Penabad votaron primero a favor de dar la licencia y posteriormente a favor de anularla, siguiendo los informes técnicos. Por ese caso para ellos la fiscalía pide seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación. Rojo, que dejaría la política en 2012, reconocía en 2015 a La Voz, que al saber de la imputación se quedó «pasmado».

«Votamos o que nos indicaron os técnicos. Despois a secretaria recoñece no xulgado que foi por un erro dela, polo que despois anulamos a licenza, e con todo impútanos igual… non entendo nada», declaró entonces a La Voz de Galicia.

El BNG solicita un pleno extraordinario en Barreiros tras la baja en el PP del alcalde y dos ediles

Ermida pretende que los tres imputados den explicaciones sobre la composición de la corporación local y las “consecuencias económicas” que se puedan derivar del proceso judicial

Viernes 27 de Noviembre de 2015 | Agencias

La portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Barreiros y responsable comarcal de la formación frentista en A Mariña, Ana Ermida, ha anunciado este viernes que van a pedir una pleno municipal extraordinario para que den “explicacións” de la situación en la que queda la corporación tras la baja temporal en el PP del alcalde, Alfonso Fuente Parga, y dos concejales de la junta de gobierno, que se sentarán en el banquillo por un supuesto delito de prevaricación urbanística.

Los tres están acusados de prevaricación administrativa en la concesión de 45 licencias para más de 3.000 viviendas en el municipio mariñano, para los que piden dos años de prisión y también diez de inhabilitación a Fuente Parga.

Ermida ha señalado que, tras la salida de los tres acusados del PP, “a nivel organizativo” estarían “falando de que o PP pasa de ter seis concelleiros a tres, estes tres que figurarían como non adscritos, o BNG catro e o PSOE un”. “Así cambiaría a composición da corporación local”, apostilla.

En ese pleno pretenden también que se dé explicaciones “das consecuencias económicas” que se puedan derivar del proceso judicial. “Chámanos a atención que a desculpa para solicitar a baixa no PP sea non prexudicar ao partido e non se acorden do prexuzuído que podan causar ao concello no día a día”, subraya.

Asimismo, Ermida asegura que es “imposible” conocer a día de hoy la estimación económica. “Porque non sabemos de cantas vivendas se fala, tampouco sabemos as indemnizacións que poderían pedir promotores ou propietarios particulares de pisos”, ha señalado. Al respecto, alerta que la “cuantía pode ser moi importante nun concello cun orzamento para este ano de 3,5 millóns de euros”.

Condenan a una firma de telefonía por meter en la lista de morosos a una barreirense

La empresa tendrá que indemnizarla con doce mil euros

VIVEIRO / LA VOZ, 02 de abril de 2015.

La empresa France Telecom España fue condenada en una sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Viveiro a indemnizar con 12.000 euros a una mujer de Barreiros por lesionar su derecho al honor.

Es lo que la Justicia considera que ocurrió cuando la empresa incluyó a la demandante en unos fichero de morosos por una deuda que ella nunca había contraído. Explican, en los fundamentos de Derecho, que incluir erróneamente a una persona en este tipo de ficheros es una intromisión ilegítima en el derecho al honor, que lesiona la dignidad de la persona y menoscaba su fama, provocando consecuencias económicas negativas y perjuicios. En este caso, la afectada, representada por el abogado José Manuel Oliveros, no fue quien firmó el contrato ni recibió la terminal que la empresa había enviado a alguien de Valencia. Achacan a la empresa falta de control y tardanza para enmendar su error cuando la afectada reclamó.