La Xunta afronta una cascada de reclamaciones patrimoniales por la intervención en el urbanismo en el 2007, que el Supremo declaró ilegal
JOSÉ ALONSObarreiros / la voz, 05 de abril de 2015. Actualizado a las 05:00 h. 1 PEPA LOSADA
Habrá quien, echando mano del refranero popular, diga que de aquellos polvos vienen estos lodos. Simplificar así el asunto del urbanismo del municipio lucense de Barreiros es poco riguroso, pero lo cierto es que ahora la Xunta de Galicia debe hacer frente a reclamaciones de responsabilidad patrimonial de una veintena de constructores que suman un total de 140 millones de euros.
Son esos constructores los que en el año 2007 denunciaban que Barreiros había sido elegido como cabeza de turco en la cruzada del bipartito de la Xunta (PSOE-BNG) contra el urbanismo supuestamente desbocado. En Barreiros, un concello que apenas superaba los 3.000 habitantes -en la actualidad no llega a esa cifra- el Ayuntamiento había dado licencias para construir más de 5.000 viviendas. La Xunta actuó e intervino anulando las normas subsidiarias e imponiendo otras muy restrictivas, que prácticamente impedían hacer nuevos edificios. Al tiempo denunció las licencias porque las promociones se ejecutaban en solares que carecían de servicios. La consecuencia fue que la crisis del ladrillo se anticipó un par de años en Barreiros. Las grúas se detuvieron, otros proyectos ni se iniciaron, las empresas comenzaron a quebrar…
Todo podría haber quedado en nada, pero ocurrió que una empresa, Pasillo Verde, decidió pleitear. Y ganó en el Supremo. El Tribunal no entró a valorar si la intervención de la Xunta fue o no ajustada a derecho, si había motivos o no para que interviniese en el urbanismo de Barreiros. Lo que hizo fue anular las normas que la Xunta impuso en el 2007 por un error en la tramitación. Un error del que, una vez más, nadie se hace responsable, pero que abrió la posibilidad a que todos los promotores que vieron cómo sus proyectos se paralizaban o no se iniciaban reclamasen una indemnización. Un error del que no hay responsables y por el que ahora podrían pagar todos los gallegos.
Hace unos días concluyó el plazo para presentar estas reclamaciones. Suman 140 millones de euros y la Xunta deberá responder antes de agosto. Hay promotores que se avienen a negociar, que dicen que es un punto de partida para recuperar al menos el dinero que invirtieron. Sin embargo, otros están dispuestos a llegar al final con todas sus consecuencias, es decir, a pleitear. Es el caso de la Asociación de Promotores de Barreiros, que presentó 23 reclamaciones por una cuantía total de cien millones de euros: «Nos encontramos con la paradoja de que las voces que en su momento criticaban el urbanismo de Barreiros y solicitaban con furor la paralización de las obras, ahora critican el estado de muchas obras paralizadas y el feísmo que generan. Pero algunos de ellos no han dudado en tener una doble moral en todo esto y mientras se lucraban con la venta de los terrenos urbanos, después no dudaban en solicitar la paralización de las obras», dice Xabier Díaz, portavoz de la Asociación de Promotores de Barreiros.
Díaz tiene claro que no van a parar aquí. Sostienen que en caso de ganar sus reclamaciones sería injusto que pagasen los ciudadanos por ello, sin apuntar a los que considera verdaderos responsables de lo ocurrido. Por ello avanza que los asesores jurídicos de la asociación valorarán en su momento iniciar acciones legales contra los «agentes intervinientes en el proceso», es decir, políticos y cargos de la Administración que en el 2007 tomaron la decisión de intervenir en el urbanismo de Barreiros.
Los constructores piden que se les compense y la Xunta dice que deben demostrar los daños
José Quintas, del Grupo Empresarial Melide, que ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial por valor de 13,5 millones de euros por no ejecutar proyectos para construir más de 200 viviendas, no duda en apuntar que durante un tiempo los constructores fueron tratados poco menos que «como delincuentes. O dano que se nos fixo foi enorme. Hai un dano físico, porque hai moita xente que quedou enferma, que está tomando vinte pastillas diarias, que non se pode cuantificar. Hai empresas que pecharon, que desapareceron. E despois está o dano económico, porque nos levaron á ruína».
«O que queremos é rehabilitarnos, poder pagar o que debemos e reanudar a nosa actividade. Aquí houbo unha actuación ilegal, non o digo eu, o di o Supremo, e espero que impere o sentido común e a Xunta negocie para chegar a un bo acordo. Fálase de empresas, de construtores, pero detrás delas hai xente e familias que sufrimos moito con todo este proceso, e é de xustiza obter unha reparación que nos rehabilite para poder desenvolver a nosa actividade empresarial», concluyó José Quintas.
Hace unos días, la Xunta manifestaba que «defenderá do mellor xeito posible o interese das arcas públicas e, polo tanto, o de todos os galegos». Y añadía que, en todo caso, los constructores deberán demostrar «que deixaron de gañar diñeiro polas vivendas que non construíron e non venderon en plena crise do sector inmobiliario».
Por su parte, el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente (PP), cree que«quen paralizou o urbanismo en Barreiros debería ser agora quen respondera co seu patrimonio».