Esqueletos de edificios, constructores reclamando a la Xunta indemnizaciones millonarias por obras que no pudieron ejecutar, una ligera reactivación de las ventas a precios competitivos y miles de pequeños propietarios de pisos con el corazón encogido por las continuas embestidas administrativas y judiciales contra el bum urbanístico que cambió la fisonomía litoral de Barreiros, un concello rural que aceleró de cero a cien. Donde el precio medio de una vivienda pasó de 138.000 euros en el 2006 a los pisos chollo de los bancos -desde 19.900 euros- en el 2012. La convulsa historia de la construcción en este ayuntamiento, donde en el 2006 se visaron proyectos para más de 6.000 viviendas, se ha vivido por episodios. Y el último, en el que el fiscal pide dos años de cárcel y diez de inhabilitación para el alcalde por presunta prevaricación, está aún por escribir.

Sorpresa en el concello

La Fiscalía pide ahora cárcel para el regidor. Después de que dos jueces ordenaran el archivo del procedimiento contra el regidor, Alfonso Fuente (PP), personado en la causa desde el 2010, la Fiscalía pide ahora cárcel e inhabilitación para él, para dos ediles, para tres exconcejales y para la arquitecta municipal por presunta prevaricación urbanística en la concesión de 45 licencias en el 2006. «Nos enteramos del escrito de acusación por los medios», revelaba ayer el abogado defensor del alcalde y de la entonces junta de gobierno. No solo ellos están pendientes de lo que resuelva la Audiencia. La Fiscalía aboga por declarar nulas «todas las licencias concedidas de modo ilícito» y, en el caso que nos ocupa, superan los 3.000 permisos para otras tantas viviendas que hoy son, en la mayoría de los casos, segunda residencia de muchos ciudadanos aquejados por la falta de seguridad jurídica urbanística.

El punto de inflexión

La intervención de la Xunta. La apertura de la A-8 convirtió a Barreiros en el lugar de veraneo de vascos, cántabros, vallisoletanos… Las inmobiliarias coparon el municipio, se vendían a tutiplén pisos sobre plano, las leiras cotizaban alto… y el planeamiento lo regían normas subsidiarias de 1994. Constructoras de toda España y Portugal edificaban los destinos turísticos de moda y toda A Mariña se benefició económicamente de aquel apogeo. Un informe del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) que revelaba un importante número de visados y la indicación de Begasa de que no podía garantizar el suministro eléctrico a todas las peticiones que le llegaban dispararon las alarmas. La Xunta (entonces gobernada por PSOE y BNG) intervino suspendiendo las licencias «por unha edificación descontrolada». Más de 30 proyectos con más de 1.500 viviendas, paralizados. Era noviembre del 2006 y un mes después cargos provinciales y comarcales del PP, a las puertas del consistorio local, acusaban al Gobierno bipartito de «persecución política». Después llegarían las normas provisionales, se sucederían las reclamaciones del Concello y de los constructores en las vías administrativa y judicial, las órdenes de paralización y aquella propuesta de 25 constructores de ingresar 3,5 millones para la nueva red de abastecimiento de agua. Son solo una parte de esta historia que bien alimenta una tesis.

La sentencia

El Supremo anula las normas. Cuando la Xunta aún no se había pronunciado sobre los 300 millones en indemnizaciones por lucro cesante que pedían los constructores, llegó la sentencia. El Tribunal Supremo estimó en marzo del 2014 la argumentación de uno de los promotores de Barreiros en recurso contra el fallo del TSXG del 2011, que avalaba el decreto de suspensión de las normas de la Xunta y anulaba estas por omitir su exposición pública. El fallo llegó cuando la burbuja inmobiliaria había pinchado. «Os construtores non teñen financiamento para retomar as obras», se lamentaba el regidor. Dos meses antes, el Concello se había salvado de la bancarrota al ganar un juicio a un promotor que le pedía 9,6 millones por no poder ejecutar cuatro licencias.

Los constructores

Ultiman demandas millonarias. Tras presentar hace más de un año reclamaciones de responsabilidad patrimonial, varios promotores confirmaban en las últimas semanas que ultiman nuevas demandas judiciales que podrían superar los 100 millones.