Hace una semana iba a comenzar el juicio contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, la junta de gobierno de 2006 y la arquitecta municipal por la concesión en un año de 45 licencias para construir 3.000 pisos. Antes ya se habían autorizado otros 2.000. En 2007 la Xunta intervino en el urbanismo de Barreiros, impidiendo otorgar más licencias, dictando unas normas provisionales y poniendo querellas. La crisis del ladrillo en los meses sucesivos, primero incipiente, después brutal, y sobre todo el recorte en la financiación de los bancos hizo el resto. ¿Qué queda del bum urbanístico de Barreiros una década después?

La expansión prevista se frenó. Muchos proyectos ni llegaron a iniciarse. Las vallas que cercaban fincas, se retiraron. En otras lucen esqueletos de hormigón. Hay ejemplos diseminados a lo largo de la carretera nacional y también en sus derivaciones. También hay edificios avanzados, pendientes de acabar. Hubo otros que, ya en manos de bancos, se remataron y se vendieron. Y algunos, también propiedad de entidades bancarias, están pendientes de sacar a la venta, a la espera de que repunten los precios.

Las obras previstas y consensuadas por Diputación, Xunta y Concello (se firmó un convenio para repartirse el pago de 14 millones) no se iniciaron. Apenas la mejora de la traída de agua, con fondos que los constructores aportaron al Concello. Del saneamiento de San Miguel (objeto de reiteradas denuncias por vertidos cada verano) nada se sabe. Serían 4,5 millones de euros que debería invertir la Xunta. Y quedan los juicios en los que los promotores demandan cantidades millonarias a la Xunta por no haber podido ejecutar los proyectos para los que tenían licencia.

Una promoción en San Miguel ejemplifica lo ocurrido. En octubre de 2011 una cuadrilla de obreros iniciaba su jornada laboral desbrozando la maleza que invadía los tabiques de ladrillo de unos edificios en obras. Ese día, tras cuatro años de parálisis, la construcción se reanudaba en Barreiros. Las grúas volvían a moverse después de que el gobierno del PP en la Xunta hubiese retirado las demandas que había presentado su predecesor (el bipartito PSOE-BNG), contra las licencias de obra. Parecía que la construcción se iba a reactivar, que era solo cuestión de tiempo, pero los bancos tenían mucho que decir. Cerraron el grifo de la financiación y la crisis se consumó.

Y meses después, esa promoción, la primera en la que se reanudaron las obras tras el paréntesis por la intervención judicial, volvió a pararse. Y así sigue.