Varios constructores cuyas obras o proyectos se paralizaron en Barreiros han presentado o tienen intención de presentar recursos contra los fallos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que desestiman sus solicitudes de indemnizaciones (se ofrece más información en la sección de Galicia). Es el caso de la firma ribadense Os Galopiños, de José Pulpeiro Doval, que estima en 2,8 millones de euros las pérdidas sufridas, sin contabilizar el lucro cesante. El apoderado de la empresa, Faustino Pulpeiro, confirmó el recurso del fallo. Afirmó, además, que era algo que ya tenían previsto. «Sabiamos que no caso de que a Xunta perdese ía recorrer e nós tamén tiñamos claro que se quen perdiamos éramos nós tamén o fariamos. Os nosos avogados pensan que hai base para recorrer, que o fallo non se sostén, e por iso imos seguir adiante». De momento, Os Galopiños tuvo que hacer frente a las costas del juicio en el TSXG, que en el fallo se estiman en 1.500 euros.

Las casuísticas de los últimos fallos judiciales en Barreiros son dispares. Así, en una sentencia fallada el mes de julio, la firma Anguileiro reclamaba por no haber podido ejecutar un proyecto para el que no tenía licencia. Explicaba que había adquirido una serie de bienes inmuebles para iniciar los trámites para recalificar los terrenos y construir en suelo rústico, en zona de especial protección de los valores naturales (LIC de As Catedrais), y en la franja de 500 metros desde la ribera del mar.

En otra, también de julio, Promoelja reclamaba casi 300.000 euros por no haber podido ejecutar una promoción de 19 viviendas, que sí llegó a iniciar. El Tribunal sostiene que tuvo tiempo de concluir las obras y que firmó un compromiso renunciando a reclamar, como hicieron otros constructores al suscribir con la Xunta de Galicia el convenio para ampliar la red de servicios básicos de Barreiros, de saneamiento, agua y viales, que solo se ha ejecutado en una pequeña parte.

Con estos y otros argumentos las sentencias se suceden. Por ejemplo, en contra de House & amp; Haus Edificios y Alquileres, que pedía casi 250.000 euros por no haber podido ejecutar tres chalés en Merille a 70 metros de un castro, en terreno no urbanizable de protección arqueológica, pese a lo cual obtuvo licencia por silencio administrativo. Esta misma empresa presentó otra demanda reclamando 1,7 millones de euros al frustrase su proyecto de 48 viviendas en Barreiros pese a obtener licencia por silencio administrativo. La Xunta argumentó que en ningún caso el proyecto se ajustaba a las normas subsidiarias y por lo tanto no podría haber obtenido la licencia.

También hay fallos referentes a obras ya iniciadas, que se vieron paralizadas. Es el caso de una de Os Molineros, de 64 viviendas, con un 30% ejecutado.

Igual ocurre con un particular que reclamó un millón de euros por no haber podido desarrollar un plan urbanístico en San Bartolo, y con la firma Promociones Vila Benquerencia, que pedía 831.961 euros. En su caso, el proyecto afectado fue un edificio de 55 viviendas que proyectó en San Pedro de Benquerencia y que no construyó, a pesar de tener licencia del Concello.

Os Galopiños reclamó 2,8 millones de euros por no haber podido ejecutar tres proyectos, para uno de los cuales sí disponía de licencia. La sala dice que le faltaban diferentes permisos y autorizaciones para haber podido hacer las obras.