El concello lucense de Barreiros, ahora con sus apenas 3.000 habitantes, se convirtió la década pasada en uno de losiconos del bum urbanístico de Galicia. En poco más de un año, la Xunta de Goberno local dio licencia para unos 5.000 pisos. Fue la respuesta a una insólita burbuja inmobiliaria a la que acudieron promotores de todo el país. El precio de las fincas se disparaba en cuestión de horas y las promociones se vendían sobre plano, en una vorágine de la que casi nadie escapó. Las consecuencias de aquellos convulsos años se depuran ahora en los tribunales. La Xunta hace frente a demandas millonarias de constructores por no poder haber podido ejecutar promociones para las que tenían licencia y el lunes está previsto que se sienten en el banquillo, en el Penal número 2 de Lugo, el alcalde, Alfonso Fuente -ahora independiente, en esa época del PP-, la junta de gobierno del 2006 y la arquitecta municipal.

El ministerio fiscal les acusa de un delito de prevaricación urbanística en la concesión de 45 licencias para construir 3.000 pisos, piscinas y una área de juegos, y pide que sean condenados a dos años de cárcel, excepto dos de ellos, a quienes rebaja la pena a seis meses por haber participado en menos juntas de gobierno. También solicita que se les inhabilite para ejercer cargos públicos de siete a diez años y que se declaren nulas las licencias.

Con la crisis del ladrillo, muchas de esas promociones no llegaron a iniciarse. De otras quedan en pie los esqueletos de hormigón. Varios acusados dejaron la política, pero los coletazos del bum urbanístico se depuran ahora. La clave del asunto radica en que las licencias fueron autorizadas con los informes favorables de la arquitecta, condicionados a la corrección de determinados aspectos, pero en contra, o directamente sin informe jurídico, de la secretaria. Y con la advertencia de la Xunta de que Barreiros carecía de servicios básicos para autorizar tal cantidad de viviendas. Los acusados siempre defendieron su inocencia, y la causa fue archivada en el 2015. Pero después fue reabierta por la Audiencia, tras el recurso de la fiscalía.

Por otro lado, el TSXG ha dado la razón a la Xunta en el pleito en el que un vecino de Barreiros reclamaba 77.746 euros tras no haber podido cerrar una venta de una finca al anular la Xunta en 2007 las normas subsidiarias.